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Obra Pública: la participación público-privada ya es ley en Mendoza

Con algunos ajustes a la norma nacional, permitirá dinamizar las contrataciones para la realización de obras. Fue aprobada con 28 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

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Después de un extenso debate, la adhesión a la Ley Nacional 27.328 que regula la realización de proyectos de participación público- privada, fue aprobada por la Legislatura casi por unanimidad.

Con 28 votos a favor, 4 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Senadores avaló los cambios introducidos previamente por los diputados y ahora aguarda la promulgación de Alfredo Cornejo para entrar en vigencia.

La norma provincial, que avala a la ley nacional y el decreto reglamentario de Mauricio Macri, tiene como finalidad ofrecer garantías jurídicas a los capitales privados que quieran participar en la realización de obras de gran envergadura.

Se trata de un trato paralelo a la actual ley de Obras Públicas, y quedará sujeta a limitaciones vigentes por la legislación provincial, sobre todo en materia de endeudamiento estatal, tal cual aclaró el senador radical Jorge Palero.

A los fines de la promoción de la protección y cuidado ambiental, contempla el impacto previsto en las normas reglamentarias vigentes, y aclara que sin perjuicio de las preferencias a empresas, pequeñas y medianas o industria nacionales, los pliegos podrán disponer preferencias a empresas radicadas en la provincia. Además, establece la constitución de una Comisión Bicameral de Seguimientos de Contratos de Participación Público-Privada.

Pese a que contó con un amplio consenso entre las fuerzas mayoritarias (Justicialismo y Cambia Mendoza), el senador Luis Böhn no ocultó su preocupación porque a su entender se “repiten errores de la década de los noventas”.

”Esta ley omite todos los aprendizajes de los últimos años para la forma de obtener financiamiento internacional. Repetimos el pecado original de financiarnos exógenamente”, comentó.

Además dejó en claro que desde su perspectiva “es un mecanismo perverso en el que el Banco Mundial presta el dinero y además es accionista, le quita la jurisdicción al país, se convierte en asegurador y juez que resuelve, ya que tiene el dominio del CEADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones)”.

La visión fue compartida parcialmente por la senadora Noelia Barbeito quien aseguró que “la ley prioriza el interés del inversor privado, garantiza el capital y minimiza los riesgos”. “Van a poder indexar cánones y tarifas, y si los pagos se atrasan pueden cortar las obras sin más”, lamentó la legisladora del FIT.

Por su parte, la senadora Patricia Fadel destacó que “hubiéramos querido que se incluyera la cláusula del ‘compre mendocino’, además de otras modificaciones”. No obstante, la precandidata a diputada nacional votó a favor al igual que casi la totalidad del justicialismo, salvo por Böhn y Amstutz que votaron en contra, junto con los representantes del FIT.