Se necesitarán entre U$S 30 y 50 millones para el desarrollo del Perilago en Potrerillos

La idea del Gobierno es que los fondos provengan de inversores privados. Buscan una ley para iniciar con el plan de explotación.

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Por medio de la ley nacional de Participación Pública Privada (27.328, y a la que la Provincia adhirió el año pasado), Mendoza busca hacer realidad un anhelo tantas veces anunciado, pero no concretado aún: el desarrollo turístico y comercial de la zona del perilago en Potrerillos.

Esta vez fue el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance quien presentó el proyecto ante legisladores, ya que son estos últimos quien deberán tratar el proyecto de ley provincial para permitir poner en marcha la iniciativa y aprovechando el impulso de la zona con la reapertura del túnel que vincula a Cacheuta y todo el Gran Mendoza con el distrito montañés. A fines de 2011 ya se había adjudicado una propuesta a dos estudios de arquitectura asociados que habían planificado un paseo costero. No obstante, no llegó a concretarse.

“Buscamos que la Legislatura nos autorice a disponer de tierras fiscales del perilago para el desarrollo, algo que ya estaba previsto por ley desde 1997. Esto no se desarrolló en las últimas gestiones, aunque en la gestión de (el ex gobernador, Francisco) Pérez se concursó el proyecto de un Centro de Alto Rendimiento. Sin embargo, cuando asumimos vimos que no era operativo, más teniendo en cuenta el endeudamiento que tenía la Provincia”, destacó Mingorance .

El funcionario sostuvo que ya cuentan con los documentos técnicos que incluyen las áreas factibles de ser desarrolladas -y las que no- y con el código que establece el código de construcción.

“Con esta ley pretendemos fijar las bases para la constitución de fideicomisos. Es conveniente, porque hoy la provincia no tiene recursos para hacer una inversión tan grande. Haciendo un cálculo aproximado, sabemos que se van a necesitar entre 30 y 50 millones de dólares de inversión en la costa, más mantenimiento. Por eso se convocaría a privados”, destacó Mingorance, quien resaltó que los terrenos serían concesionados por un lapso determinado -no dejarían de ser fiscales ni se venderían- y que los privados deberían aportar los fondos.

“La Provincia aporta los terrenos, la infraestructura que ya está -rutas internas y el túnel, por ejemplo- y los estudios que ya se han hecho”, destacó. Y agregó que si bien tiene conocimientos por comentarios extra oficiales, todavía no hay interesados concretos en invertir.

Entre los requisitos fundamentales que se exigirán a quienes quieran invertir en el lugar -dentro del plan de manejo ambiental del Perilago- sobresale la exigencia de un adecuado proceso de tratamientos de efluentes cloacales -no puede haber contaminación en el agua de la zona-. “Cada proyecto deberá incluir su propuesta de tratamiento de efluentes, aprobados por el EPAS y Aysam”, sostuvo Mingorance.

Además se exigirá la gestión de riesgos, de recursos naturales y criterios urbanísticos generales que deberán respetarse (que respete un bajo impacto visual y ambiental y que utilice energías renovables). El decreto 280/02 aprueba la zonificación en la zona y especifica usos recreativo, turístico, deportivo y comercial (solamente en las tierras fiscales y en las áreas autorizadas).

“Buscamos una ley que le permita al inversor una máxima seguridad jurídica al momento de la inversión, y que no venga otro gobierno y saque un decreto que cambie todo”, justificó el secretario de Ambiente al destacar la importancia del proyecto.

En caso de que se apruebe la ley, lo siguiente será conformar un comité ejecutivo, en el que intervenga no sólo la secretaría a cargo de Mingorance, sino Mendoza Fiduciaria, los municipios de Luján y Las Heras (en sus jurisdicciones están las zonas costeras), Vialidad Nacional (la ruta 7 pasa por el lugar), la Dirección de Hidráulica y el Departamento General de Irrigación, quienes son los que tienen injerencia en la zona. Incluso, establece que los municipios puedan adherir al régimen de desarrollo en sus departamentos.

“Apenas se apruebe la ley podría llamarse a concurso y salir a la búsqueda de inversores. Apuntamos a privados locales con el objetivo de desarrollar el turismo en la Alta Montaña. La idea es que se de una sinergia, y estos emprendimientos darían servicios turísticos; mientras que los privados podrían dar alojamiento”, aventuró Mingorance. Y sostuvo que también se ha incluido a Cacheuta, punto en el que la afluencia de visitantes se triplicó desde la inauguración del túnel.

La presidenta del Ente de Turismo, Gabriela Testa -también presente en la presentación- destacó que se priorizará la alternativa de darles trabajo a los mendocinos en estos proyectos. “La Ley de Participación Pública Privada establece en su artículo 4 que se priorice la inclusión social. Igual será clave trabajar mucho en el decreto reglamentario”, destacó.

Otras obras y más control

Mingorance destacó además que una de las próximas obras a encarar en la zona es el ensanchamiento del puente que cruza por la ruta 7 la villa de Potrerillos en altura. Según indicó el funcionario, el objetivo es duplicar el ancho de la vía.

Además, destacó que se pretende reglamentar ciertas actividades náuticas -como el windsurf, el kitesurf y el kayak- en beneficio de quienes las practican.