Esta semana Mendoza se convirtió en la primera provincia en reglamentar el cultivo de cannabis para uso medicinal, adelantándose incluso a la intención del presidente Alberto Fernández de tener una ley nacional con fines de industrialización. Por lo tanto ya están disponibles las resoluciones con las regulaciones que deberán cumplir aquellos que pretendan producirlo, aunque en el Ministerio de Economía ya adelantaron que recibieron consultas de una buena cantidad de interesados “desde pequeños inversores hasta grandes laboratorios”.

Rodolfo Suarez ya lo había adelantado en su campaña, pero pandemia mediante, recién en diciembre del 2020 la Legislatura adhirió a la ley 27.350, que permite la investigación médica y científica, el uso y el cultivo de la planta y sus derivados.

Hasta antes de esa ley la provincia sólo les otorgaba aceite de cannabis a unas 25 personas que tenían certificado que padecían epilepsia refractaria. Ese aceite se importaba y se daba a través del área de Farmacología. Ahora, desde que se sancionó aquella ley, al Ministerio han llegado reiteradas consultas para conocer cómo será el proceso y las condiciones que se deben cumplirse para comenzar a producir cannabis medicinal. “Hay demanda. Hay mucho interés, de hecho todos los días hay consultas de eventuales inversores, gente del sector privado interesada en producirlo, desde pequeños inversores a grandes empresas del sector medicinal, grandes laboratorios que están regulados.

Esto puede ser una actividad económica muy rentable, pero quien invierta deberá cumplir con las estrictas regulaciones”, adelantó escuetamente y evitando dar nombres, el coordinador de Gabinete del Ministerio de Economía, Marcelo Japaz. De acuerdo con los datos que manejan en la cartera que lidera el ministro Enrique Vaquié, a nivel internacional las empresas que se dedican a producir cannabis medicinal tienen una alta rentabilidad, en su mayoría cotizan en bolsa, tanto en Estados Unidos, como en Canadá o Europa, “por lo cual, teniendo un buen sistema regulatorio y cumpliendo con esos requisitos, este es un buen sector en el cual invertir”, apuntan.

Hasta diciembre del año pasado, la reglamentación de la Ley Nacional 27.350 permitía que en el sistema de producción del cannabis medicinal hubiese una fuerte participación del Estado. “Casi todos los proyectos productivos estaban asociados a una empresa del Estado, todos corrían la suerte de los vaivenes de la política. Nosotros tenemos otro concepto, entendemos que no hace falta que el Estado sea dueño de una empresa de cannabis, para nosotros es más importante el poder regulador que la actuación del Estado en el mercado”, diferenció Japaaz respecto de lo que sucede por ejemplo en provincias como Jujuy o La Rioja con la producción de aceite de cannabis. El funcionario deslizó que en el caso de Mendoza, el Estado podría tener participación “eventualmente en procesos de certificación de laboratorios, pero nunca como actividad inversora, industrial o comercial del Estado”, especificó.

Regulaciones y permisos

Ahora será la Unidad de Control de Cannabis, dependiente del Ministerio de Economía que junto a varias áreas de Gobierno, vinculadas a la producción como la Dirección de Agricultura o el Iscamen, quien defina las regulaciones y los permisos para la producción. “Lo mejor que se puede hacer en este tema, que ha tenido un cono de sombra marcado por la ilegalidad, es dar una regulación estricta de un sistema de permisos y licencias, como hicieron en California, en Canadá e incluso en Uruguay. Así se evita la aparición de aventureros”, resaltó Japaz. Así, será todo ese sistema quien emita los permisos a las distintas etapas de la cadena de valor productivo, que va desde el cultivo hasta la elaboración de un producto de valor medicinal. “El secreto del éxito de esto va a pasar por la calidad de la regulación”, repiten una y otra vez en los pasillos del sexto piso de Casa de Gobierno, donde funcionan las dependencias del Ministerio de Economía.