Personas privadas de libertad fabrican indumentaria ecológica y proveen a empresas

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el presidente del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen), José Orts, firmaron un convenio a través del cual la entidad priorizará la compra de bienes e insumos elaborados por las personas privadas de libertad. De esta manera, el Gobierno provincial apunta a disminuir los índices de reincidencia mediante políticas públicas enfocadas en la formación técnica y el trabajo que se llevan adelante desde la Unidad de Producción del sistema penitenciario provincial.

Estuvieron presentes la subdirectora del Servicio Penitenciario, Alejandra Llarena, y el jefe de la Unidad de Producción, Mauricio Poroyán. Las autoridades detallaron que uno de los objetivos principales de estas actividades radica en que “las personas que se encuentran en contexto de encierro adquieran conocimientos y habilidades que generen hábitos laborales, creatividad y trabajo en equipo”.

“Este convenio es crucial, no solo permite al Iscamen adquirir sus uniformes a un costo reducido, sino que fortalece un plan integral para el desarrollo de capacidades entre las personas privadas de libertad. Estamos comprometidos en proporcionarles un entorno donde puedan adquirir nuevas habilidades, facilitando así su futura reinserción laboral”, destacó Rus.

Además, la ministra resaltó el compromiso con la sostenibilidad ambiental, mencionando que los uniformes serán elaborados con materiales 100% sustentables, lo que añade un valor en términos ambientales. “El personal del Iscamen contará con ropa apropiada, incluyendo prendas agroecológicas que reflejan nuestra dedicación al agro mediante técnicas como el insecto estéril, fortaleciendo así nuestra línea de trabajo en armonía con el medioambiente”, agregó Orts.

“Esta iniciativa no solo beneficia a nuestros empleados. También contribuye a preparar a las personas privadas de libertad con habilidades y valores culturales y sociales que faciliten su reintegración a la sociedad”, agregó el titular del Iscamen.

En tanto, Alejandra Llarena sostuvo que “el Servicio Penitenciario de Mendoza ha ido creciendo significativamente en cantidad de personas trabajadoras. Lo que buscamos ahora, con la firma de estos convenios, es dar un salto de calidad en los productos que ofrecemos. Por eso es fundamental que entidades públicas y otras organizaciones puedan sumarse a esta iniciativa, que busca que las personas privadas de libertad tengan además una formación laboral que les permita promover su reinserción social”.

La ministra explicó que este no es el primer convenio de este tipo que se firma y recordó el que se firmó con el Municipio de Las Heras. En ese sentido, sostuvo que, tras la inauguración de Almafuerte II, y con la nueva capacidad instalada, se trabaja para alojar empresas en el lugar. “Esto permitirá que las personas privadas de libertad adquieran habilidades en construcción y productos especializados, lo que aumentará sus oportunidades laborales. Además, se fomentará un vínculo entre las empresas y los internos, lo que facilitará la posibilidad de empleo después de su egreso”, completó.