

La causa que investiga la posible estafa de directivos y ex directivos de Fecovita en contra de Iberte llega esta semana a un punto crucial: el martes 25 de marzo, los imputados recibirán la notificación de su imputación y, de no presentarse, la próxima vez se los citará con la fuerza pública.
Según fuentes judiciales, esta es la última oportunidad que tienen los imputados Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta y Juan Angel Rodríguez para presentarse voluntariamente. Si no lo hacen, la querella ha pedido que se los haga presentes con el auxilio de la fuerza publica, si no hay justificación suficiente.
Carlos Aguinaga, abogado de la parte querellante, explicó: “Como ocurre en cualquier causa penal, si el imputado no se presenta justificadamente ante la Fiscalía, corresponde que se lo lleve con el auxilio de la fuerza pública, es decir, lo va a buscar la policía a su casa y lo lleva a la Fiscalía. De producirse esa situación, se vería más comprometida la tramitación del proceso en libertad, ya que puede ser tomada como un caso de peligro procesal que amerita el dictado de la prisión preventiva o una restricción a la libertad”.
El 7 de marzo el Jefe de Fiscales de la Fiscalía de Delitos Económicos, les había impuesto deberes procesales tales como la fijación de una caución, la fijación de un domicilio y obligación de acudir a las citaciones (artículo 280 del Código Penal) y la prohibición absoluta de obstruir el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, además de solicitar información sobre sus bienes muebles e inmuebles.
Panella, Sancho, Irañeta y Rodríguez debían presentarse en el Ministerio Público Fiscal, adonde habían sido citados para notificarlos de la imputación por fraude contra Iberte y Evisa, originariamente, para el día 5 de marzo. Sin embargo, la defensa de los directivos y ex directivos de FECOVITA presentó un recurso para impedirlo.
En la última oportunidad, Alejandro Iturbide, Jefe de Fiscales, no sólo fijó restricciones a la libertad de los imputados, sino que decidió postergar la notificación de la imputación para el martes 25 de marzo, con el objetivo de estar presente y hacerse cargo personalmente de esa audiencia.
Además, y teniendo en cuenta que pudieran solicitarse indemnizaciones y reparaciones de daños a los afectados, se ordenó la investigación de los bienes de los imputados y, si hiciera falta y de corresponder, del patrimonio de sus familiares.
Detalles del caso
En octubre del año pasado, la Fiscalía Nº7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza había decidido imputarlos por el delito de estafa de acuerdo con el artículo 172 del Código Penal, que lo describe como “el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.
Este delito, que habría sido perpetrado contra las firmas IBERTE SRO y EVISA, tiene una pena de hasta seis años de prisión para los responsables.
En ese momento, el escrito elaborado por la Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, argumentaba que “queda suficientemente aclarado que la posición FECOVITA es claramente deudora, aun aplicando las cláusulas sujetas a condición, las multas y los derechos de retención producto de los contratos de consignación. Ese punto clarifica el perjuicio causado, prima facie, como otro de los elementos del tipo objetivo, más allá del ardid, del incumplimiento, y de la disposición patrimonial perjudicial del co-contratante”.
Cabe recordar que ya pesa una imputación previa contra estos integrantes por el delito de falsear los balances de Fecovita de los años 2021, 2022 y 2023.
Del incumplimiento a la estafa: los argumentos de la Fiscalía
En el expediente No P–17.924/23 “Fs. En Av. Estafa”, la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos revela cómo FECOVITA, bajo la fachada de una colaboración empresarial en la sociedad EVISA, habría engañado a IBERTE para que invirtiera $3.139 millones en capital, mientras ellos tramaban una serie de maniobras para apropiarse de los recursos sin aportar los activos prometidos, incluyendo la Bodega Resero y terrenos en San Juan.
De acuerdo con los argumentos del fiscal para resolver la imputación, los directivos de FECOVITA redirigieron estos fondos a sus propias cuentas bajo el concepto de “anticipos de productos” que jamás se entregaron, dando así la espalda a sus obligaciones contractuales.
Para la Fiscalía, estos actos no son meros incumplimientos sino que se trata de una estafa prevista en el artículo 172 del Código Penal, basada en un plan engañoso desarrollado y llevado a cabo por los directivos de FECOVITA. El avoque destaca cómo los directivos de FECOVITA engañaron también a los cooperativistas para conseguir su respaldo y así facilitar la apropiación del capital de IBERTE. Con el pretexto de una sociedad conjunta con IBERTE, los directivos presentaron el acuerdo como una “oportunidad de capitalización a tasa 0%”, apelando a la confianza de los asociados, quienes desconocían las verdaderas intenciones de sus líderes.
La Unidad Fiscal concluye que estos hechos configuran el delito de estafa y recomienda profundizar la investigación para esclarecer completamente las responsabilidades involucradas, reforzando así la necesidad de justicia y transparencia en el sector vitivinícola argentino.