La pandemia forzó al Gobierno a recortar fondos para proyectos de inversión pública y aumentar el presupuesto para medidas sociales y económicas de emergencia, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la ayuda a empresas para el pago de salarios. El 2020 terminó con un recorte de 17% para la inversión pública y de 55% para la inversión real directa. En medio de la escasez, ese reparto implicó que algunas provincias reciban la mitad del dinero que habían tenido en 2019 para obras.

De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) con los datos finales de 2020, los fondos para inversión pública ascendieron a $300.455 millones, lo que representa una caída en términos reales de 16,9% con relación a la ejecución presupuestaria de 2019. Parte de la explicación de ese retroceso se explica por el desplome de 55,1% interanual de la inversión real directa, por un lado, y por el retraso en la ejecución de los proyectos de inversión por la pandemia.

Hay otro factor que determinó una diferencia tan grande entre un año y otro fue que la base de comparación en el último tramo de 2019 es mayor por una regularización de gastos hacia fin de año por $67.276 millones. Sin ese elemento de por medio, la caída de la inversión sería de 13 por ciento.

De todas formas, la coyuntura obligó a una poda de fondos para gastos de capital, que es el que el Estado destina a obra pública. De acuerdo a las cifras oficiales reflejadas por la OPC, más de la mitad de la inversión pública se concentra en obras vinculadas al transporte y a agua potable y alcantarillado.

El mapa del reparto de la obra pública

Respecto al transporte, el presupuesto tuvo un derrumbe del 60,8% interanual, explicado por las demoras en la realización de obras de la Dirección Nacional de Vialidad. Respecto a agua potable y alcantarillado, por el contario, hubo una escalada de 126,6% por el crecimiento de las transferencias de capital efectuadas a Aysa. “En términos relativos se destaca el aumento de la inversión en el sector salud, a partir del desarrollo de la infraestructura sanitaria y la adquisición de equipos de laboratorio en el marco de la pandemia por COVID-19″, explicó la OPC.

Una foto más amplia muestra que los niveles de inversión pública terminaron el 2020 en el nivel más bajo de la década: apenas se destinó el 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI). El indicador viene en caída desde 2014, cuando tocó un pico de 3% del PBI. A la misma conclusión se llega si se compara a esa partida como parte del gasto total: en 2010 llegó a ser de 13,1% y el año pasado finalizó en 4,3 por ciento.

La inversión pública se puede clasificar en dos grandes grupos: la inversión real directa, que es aquella por la cual el gasto va destinado a la adquisición o a la producción por cuenta propia de bienes de capital o donde la construcción del bien de capital es efectuada directamente por la unidad ejecutora del sector público o por propia cuenta mediante un contratista, y por otra parte las transferencias de capital, que son erogaciones sin contraprestación, “con el objeto de que los diferentes agentes económicos públicos, privados o externos beneficiarios, se capitalicen mediante inversiones reales o financieras”, según la definición de la OPC.

Reparto a gobernadores: ganadores y perdedores

Claro que los envíos de fondos para inversión pública no fueron igualitarios para todas las provincias. Algunas llegaron a tener una caída en términos reales interanual superior al 50%, mientras que en el otro extremo hubo avances superiores al 80%.

Entre los perdedores, Santiago del Estero se anotó la caída interanual más pronunciada entre los fondos destinados por la Nación a esa provincia para inversión pública. Fueron $3.058 millones, un desplome de 54% en términos interanuales. En segundo lugar quedó Chubut, que recibió unos $1.578 millones, lo que implicó un retroceso de 47 porc ciento. El podio lo completó Córdoba, con $10.729 millones (-43%). También tuvieron fuertes caídas Corrientes (-40%), Santa Fe (-39,3%), San Luis (-39,1%) y Mendoza (-38,2%).

En el otro extremo, hubo gobernadores que recibieron un monto muy superior de fondos en 2020 en relación con el año anterior. En ese sentido, el mayor ganador fue Santa Cruz, que sumó $17.014 millones, lo que implicó un 82% más que en 2019. Mucho más atrás, otra provincia beneficiada en el reparto de fondos fue La Rioja, con un 45,4% de avance en comparación con el año anterior. Tucumán le sigue con una variación positiva de 37,2% y luego la Ciudad de Buenos Aires, con un 30,5% más de fondos.

Algunas provincias llegaron a tener una caída de fondos de inversión pública desde la Nación de 50%, mientras que en el otro extremo hubo avances superiores al 80 por ciento
Según la OPC, sólo en la región de Cuyo la inversión se compuso mayormente de inversión real directa. “En el resto de las regiones primaron las transferencias de capital, destacándose en el extremo aquellos gastos de inversión sin región especificada”, explicó el informe del organismo público, dependiente del parlamento.

Otra forma de medir quiénes ganaron y quiénes perdieron en el reparto de fondos para inversión pública en el contexto de la pandemia es el gasto per cápita por provincia. En ese aspecto, Santa Cruz vuelve a ser el primero de la tabla, con $46.525 por habitante, explicado por las transferencias a Ieasa, que se encarga de la construcción de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa. En la otra punta se ubicó Tucumán, con $2.052 por persona.

Considerando que el promedio nacional per cápita es de $6.621, además de Santa Cruz, otras seis provincias lograron estar por encima de esa media. Fueron La Rioja ($29.757 por habitante), la Ciudad de Buenos Aires ($28.726), Tierra del Fuego ($11.167), Neuquén ($6.865), Río Negro ($6713) y Formosa ($6.641).