EMPRESAS Y NEGOCIOS | 7 MAR 2025

Fecovita: el jefe de fiscales investigará los bienes de los directivos imputados y sus familiares

En plena Vendimia, mantuvo su libertad con restricciones: les pidió una caución, que fijen y mantengan un domicilio, concurran a todas las citaciones y que se abstengan de obstaculizar la actuación de la ley. La relación con los casos Giol y Greco.




Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta y Juan Angel Rodríguez ya no sólo están imputados por fraude, sino que ahora Alejandro Iturbide, el Jefe de Fiscales de la Fiscalía de Delitos Económicos, les han impuesto deberes procesales tales como la fijación de una caución, la fijación de un domicilio y obligación de acudir a las citaciones (artículo 280 del Código Penal)  y la prohibición absoluta de obstruir el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley. Pero, lo más grave, es que ha solicitado que se informe sobre los inmuebles y muebles registrados no sólo de los imputados sino también de sus familiares.

Panella, Sancho, Irañeta y Rodríguez debían presentarse el miércoles en el Ministerio Público Fiscal, adonde habían sido citados para notificarlos de la imputación por fraude contra Iberte y Evisa. Sin embargo, la defensa de los directivos y ex directivos de FECOVITA volvió a presentar un recurso para impedirlo- argumentando que uno de sus abogados no estaba en la provincia-, lo que derivó en la postergación para el viernes 7. Pero hoy, tanto la defensa como la querella se sorprendieron ante el decreto de Iturbide.

Es que el Jefe de Fiscales no sólo fijó restricciones a la libertad de los imputados, sino que decidió postergar la notificación de la imputación para el martes 25 de marzo, con el objetivo de estar presente y hacerse cargo personalmente de esa audiencia.

Además, y teniendo en cuenta que pudieran solicitarse indemnizaciones y reparaciones de daños a los afectados, se ordenó la investigación de los bienes de los imputados y, si hiciera falta, del patrimonio de sus familiares.

Carlos Aguinaga, abogado de la parte querellante, explicó que este aplazamiento podría terminar siendo para los acusados mucho peor que la imputación misma, que ya está avalada por la Jueza de Garantías, ya que ahora el Fiscal en Jefe ha decidido tomar personalmente las audiencias, en vista de la enorme gravedad del caso, y la Fiscalía ha impuesto deberes procesales para los imputados, con antelación a los tiempos procesales habituales.

Además, opinó que “parece justo y prudente investigar los bienes de los imputados y de sus familiares, ya que muchas veces son ellos los que terminan siendo los titulares de crecimientos económicos injustificados, como se ve en todas las causas por estafas, y los platos rotos no los deben pagar los productores”.

Y concluyó: “Esperamos que este no sea un nuevo caso nefasto de la vitivinicultura argentina, como lo fue el escándalo de Giol y ´La Colina´ y el derrumbe del Grupo Greco, entre otros, que terminaron pagando los productores”.

Detalles del caso

En octubre del año pasado, la Fiscalía Nº7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza había decidido imputarlos por el delito de estafa de acuerdo con el artículo 172 del Código Penal, que lo describe como “el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Este delito, que habría sido perpetrado contra las firmas IBERTE SRO y EVISA, tiene una pena de hasta seis años de prisión para los responsables.

En ese momento, el escrito elaborado por la Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, argumentaba que “queda suficientemente aclarado que la posición FECOVITA es claramente deudora, aun aplicando las cláusulas sujetas a condición, las multas y los derechos de retención producto de los contratos de consignación. Ese punto clarifica el perjuicio causado, prima facie, como otro de los elementos del tipo objetivo, más allá del ardid, del incumplimiento, y de la disposición patrimonial perjudicial del co-contratante”.

Cabe recordar que ya pesa una imputación previa contra estos integrantes por el delito de falsear los balances de Fecovita de los años 2021, 2022 y 2023.

Del incumplimiento a la estafa: los argumentos de la Fiscalía

En el expediente No P–17.924/23 “Fs. En Av. Estafa”, la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos revela cómo FECOVITA, bajo la fachada de una colaboración empresarial en la sociedad EVISA, habría engañado a IBERTE para que invirtiera $3.139 millones en capital, mientras ellos tramaban una serie de maniobras para apropiarse de los recursos sin aportar los activos prometidos, incluyendo la Bodega Resero y terrenos en San Juan. 

De acuerdo con los argumentos del fiscal para resolver la imputación, los directivos de FECOVITA redirigieron estos fondos a sus propias cuentas bajo el concepto de “anticipos de productos” que jamás se entregaron, dando así la espalda a sus obligaciones contractuales.

Para la Fiscalía, estos actos no son meros incumplimientos sino que se trata de una estafa prevista en el artículo 172 del Código Penal, basada en un plan engañoso desarrollado y llevado a cabo por los directivos de FECOVITA. El avoque destaca cómo los directivos de FECOVITA engañaron también  a los cooperativistas para conseguir su respaldo y así facilitar la apropiación del capital de IBERTE. Con el pretexto de una sociedad conjunta con IBERTE, los directivos presentaron el acuerdo como una “oportunidad de capitalización a tasa 0%”, apelando a la confianza de los asociados, quienes desconocían las verdaderas intenciones de sus líderes.

La Unidad Fiscal concluye que estos hechos configuran el delito de estafa y recomienda profundizar la investigación para esclarecer completamente las responsabilidades involucradas, reforzando así la necesidad de justicia y transparencia en el sector vitivinícola argentino.