Acusan a directivos de Fecovita de presionar a fiscales

Los representantes de la empresa que se encuentra en litigio con Fecovita, denunciaron que la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales de la Cámara de Diputados de Mendoza estaría promoviendo nuevamente un pedido de informe al Ministerio Público Fiscal, pese a que dicho informe ya fue evacuado de manera completa y documentada hace menos de dos meses. Además, consideran que esta reiteración obedece a presiones ejercidas por los imputados de Fecovita, con la clara intención de coaccionar a los fiscales que los investigan.

De acuerdo con un escrito presentado por Iberte ante la Cámara de Diputados de la Provincia, la Comisión de Derechos y Garantías actuó amparándose en una denuncia sin sustento legal presentada por Osvaldo Coll, quien refirió actuar bajo presuntas instrucciones de los imputados de Fecovita. Dicha denuncia apunta contra la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal por supuesta violación del debido proceso, pero no ofrece prueba alguna ni fundamentos válidos, ni especifíca cuál es específicamente la violación de derechos que entiende afectados.

Se menciona también que el único objeto de la denuncia es la coacción mediática contra los fiscales, ya que Osvaldo Coll o los imputados, no presentaron denuncia alguna en la sede judicial que corresponde.  

Cabe recordar que Rubén Panella (actual presidente de Fecovita), Marcelo Federici, Juan Rodríguez, Jorge Irañeta, Eduardo Sancho y otros miembros de la entidad están formalmente imputados por delitos penales, incluyendo estafa y falsificación de balances.

“Estamos muy preocupados porque el accionar de la Comisión pone en riesgo la división de poderes y podría constituir una intromisión del poder legislativo en el accionar del poder judicial. Existe sobrada jurisprudencia y doctrina constitucional para sostener que la Legislatura no puede convertirse en tribunal de justicia, ni presionar al Ministerio Público Fiscal”, afirma Carlos Aguinaga, abogado de Iberte.

“Las acusaciones contra los fiscales carecen de fundamento y tiene como único objeto evidente intimidarlos directamente y por medio de la prensa. Tal es así, que en la presentación de Coll ante la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales no se menciona que las imputaciones por estafa fueron avaladas por la jueza de garantías Eleonora Arenas, lo cual refuerza la legalidad y solidez de la investigación penal en curso”, agrega.

El mismo escrito recuerda que Iberte propuso reiteradamente una solución técnica y neutral para resolver el conflicto. La misma consiste en someter la controversia a un dictamen vinculante de la auditora Ernst & Young (E&Y), pero fue ignorada por los directivos de Fecovita, lo cual se interpreta como falta de voluntad para llegar a una resolución imparcial.

“No sólo no debería prosperar el pedido de nuevo informe al Ministerio Público Fiscal promovido por los imputados, sino que hemos solicitado que las actuaciones se giren a la fiscalía penal correspondiente para que se investigue la veracidad o falsedad de las denuncias realizadas por Osvaldo Coll. En caso de comprobarse su falsedad, pedimos que se investigue los delitos que puedan corresponder a Coll y a los imputados involucrados, quienes continúan utilizando a Fecovita como pantalla para cubrir sus ilícitos”, explica Aguinaga.

Detalles de la imputación por estafa
 
El 25 de marzo la Fiscalía Nº7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza logró notificar a Panella, Sancho, Irañeta y Rodríguez de la imputación por el delito de estafa de acuerdo con el artículo 172 del Código Penal, que lo describe como “el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Este delito, que habría sido perpetrado contra las firmas IBERTE SRO y EVISA, tiene una pena de hasta seis años de prisión para los responsables.
 
La Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, argumenta que “queda suficientemente aclarado que la posición FECOVITA es claramente deudora, aun aplicando las cláusulas sujetas a condición, las multas y los derechos de retención producto de los contratos de consignación. Ese punto clarifica el perjuicio causado, prima facie, como otro de los elementos del tipo objetivo, más allá del ardid, del incumplimiento, y de la disposición patrimonial perjudicial del co-contratante”.
  
En el expediente No P–17.924/23 “Fs. En Av. Estafa”, la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos revela cómo FECOVITA, bajo la fachada de una colaboración empresarial en la sociedad EVISA, habría engañado a IBERTE para que invirtiera $3.139 millones en capital, mientras ellos tramaban una serie de maniobras para apropiarse de los recursos sin aportar los activos prometidos, incluyendo la Bodega Resero y terrenos en San Juan. 
 
De acuerdo con los argumentos del fiscal para resolver la imputación, los directivos de FECOVITA redirigieron estos fondos a sus propias cuentas bajo el concepto de “anticipos de productos” que jamás se entregaron, dando así la espalda a sus obligaciones contractuales.
 
Para la Fiscalía, estos actos no son meros incumplimientos sino que se trata de una estafa prevista en el artículo 172 del Código Penal, basada en un plan engañoso desarrollado y llevado a cabo por los directivos de FECOVITA. El avoque destaca cómo los directivos de FECOVITA engañaron también  a los cooperativistas para conseguir su respaldo y así facilitar la apropiación del capital de IBERTE. Con el pretexto de una sociedad conjunta con IBERTE, los directivos presentaron el acuerdo como una “oportunidad de capitalización a tasa 0%”, apelando a la confianza de los asociados, quienes desconocían las verdaderas intenciones de sus líderes.
 
La Unidad Fiscal concluye que estos hechos configuran el delito de estafa y recomienda profundizar la investigación para esclarecer completamente las responsabilidades involucradas, reforzando así la necesidad de justicia y transparencia en el sector vitivinícola argentino.

Cabe recordar que ya pesa una imputación previa contra algunos de estos integrantes por el delito de falsear los balances de Fecovita de los años 2021, 2022 y 2023.